miércoles, 12 de noviembre de 2008

HACIA UN MODELO SISTÉMICO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

Albert Arbós Bertran

Vicedecano de Magisterio de la Universidad Internacional de Catalunya, España

El trabajo completo puede bajarse ACA, nótese que llama “usuario”, o “cliente”, a los alumnos y sus padres

En este breve escrito queremos posicionarnos en favor de un modelo sistémico de evaluación del sistema educativo, en un contexto globalizador de la información, de la economía , pero que, a su vez, tienen necesidad de no perder las raíces nacionales que le distinguen de sus vecinos, en un contexto en que la necesidad de autonomía y de planificación se complementen de forma positiva para dar respuesta a las demandas de la sociedad de nuestro tiempo. Creemos que este modelo es el que mejor puede ayudar a avanzar la formación en alternancia, facilitándole un camino hacia la calidad. Analizaremos, brevemente, el posicionamiento actual de los países de América Latina.

La eficacia, la equidad y la calidad que se reclaman a los servicios públicos por parte de los usuarios han llevado a las administraciones educativas incluyendo las latinoamericanas - de la mayor parte del planeta a políticas de regulación y control (accountability) a través de la evaluación en una de sus funciones ni la única ni la s importante-, la de controlar. Pero, las mismas administraciones, a través de las leyes, han dado un papel, cada vez s creciente, a la autonomía de las instituciones escolares y de las organizaciones educativas, indispensable, en parte, porqué la complejidad de la educación hoy en día impide su control como en tiempos pretéritos, ámbito en el que Latinoamérica debe avanzar decididamente. Hay una clara tendencia al equilibrio entre el control de la Administración central y la descentralización hacia los organismos educativos periféricos y, en última instancia, los establecimientos educativos. País es más centralistas, en tiempos pretéritos, se orientan hacia formas variadas de descentralización (España, Francia, Suecia, Argentina 1992 -, Paraguay 2º Plan de Desarrollo Educacional 1983-1994-, Venezuela, Colombia), y, al contrario, países descentralizados, centralizan el control (Inglaterra, México la SEP creó el Sistema Nacional de Evaluación Educacional-, El Salvador desde 1989, a través de la Oficina de Planificación-, Bolivia, que descentralizó en el período 1980 -1990, ha vuelto a la centralización en el período 1990-1997) y, por último, otra tendencia es la de aquellos países (Bélgica, Holanda, Finlandia, Chile en el ámbito de los proyectos de municipalización del currículum-, Nicaragua Estrategia Nacional de Educación de 1999 -) que se orientan hacia la autonomía de las instituciones educativas, aunque buena parte de ellos pretenden, al menos desde el punto de vista teórico, conciliar la centralización con la descentralización (Brasil Secretarías Estaduales y Municipales por un lado y el MEC/INEP, por otro, Cuba, Guatemala Ley de Educación Nacional de 1991-, Uruguay Control del sistema a través del CODICEN y descentralización como objetivo de futuro).

Las afirmaciones precedentes deberían sustentarse en un nuevo paradigma evaluativo emergente, que se refleja en los siguientes principios:

a) Primacía de las finalidades, es decir, la necesidad de conseguir los objetivos propuestos. Este principio nos lleva a pasar de una lógica centrada en los inputs recursos - a una lógica centrada en los resultados y en los procesos que los producen.

b) Principio de imputabilidad, es decir, pedir responsabilidades. Se exige que las instituciones educativas y el sistema educativo en conjunto, dé cuentas a la sociedad de su eficacia y efectividad. Por eso, debe procurarse, a todos los niveles del sistema educativo, que la evaluación interna vaya asociada a la evaluación externa.

c) Principio de subsidiariedad. Ha de procurarse que las decisiones se tomen en el mismo nivel en que deban aplicarse o, al menos, que participen en las mismas. Este es un principio fundamental en el modelo sistémico.

d) Principios de autoorganización y autodesarrollo, es decir, de autonomía de funcionamiento de las instituciones y organizaciones. Cada institución educativa, cada organización educadora, debe ser un núcleo fundamental de reflexión y de innovación educativas. La reflexión a través de la evaluación debe estar al servicio de la calidad educativa.

Sobre estas bases debería construirse un modelo integrador de dos realidades: el sistema educativo y las instituciones educativas. El elemento aglutinador de estas dos realidades lo realiza la evaluación, que debe cambiar de rol; debe pasar del control a la mejora de la calidad objetivo asimilado y explicitado, en el ámbito teórico, por la práctica totalidad de los países latinoamericanos -, de actuar en algunos niveles del sistema educativo a actuar en todos, y cambiar de función: dejar de ser acreditadora y pasar a ser generadora de los principios educativos que evalúa. Este tipo de evaluación necesita un soporte técnico y, en consecuencia, generar nuevos procedimientos evaluativos y nuevos instrumentos de desarrollo y de evaluación que se han de construir desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista social y cultural. Un nuevo modelo que nos permita establecer nuevas estrategias de evaluación que no sólo tenga por objeto la regulación y el desarrollo del sistema tradicionalmente encargado a la Inspección o Supervisión- sino que, por encima de todo, ha de permitir la rendición de cuentas accountability- por parte de las instituciones educativas y/o los niveles de la administración responsables de la puesta en marcha de las políticas diseñadas (no podemos olvidar que evaluar es una forma de hacer política y, por eso, hay que explicar las políticas por medio de las cuales hemos conseguido objetivos o no los hemos conseguido).

Este modelo también ha de verificar que los contenidos y los objetivos de la educación responden a las necesidades, intereses y capacidades de los alumnos. Para conseguirlo es necesario reforzar las unidades responsables de la evaluación o bien crear otras nuevas, no tan sólo en el ámbito de la Administración central, sino también a escala regional o local. La supervisión en este contexto verá reforzadas y ampliadas sus competencias.

El reto que debe plantearse América latina, de hecho ya lo ha explicitado -una vez más, ya que desde los años 50 ya venían explicitando diversos países - en la Declaración de Santo Domingo de julio de 2002, en estos momentos, y que se planteó Europa en la década de los noventa, es la de mejorar la calidad de la educación que ofrecen las instituciones educativas en su conjunto, por un lado, y, por otro, utilizar la evaluación para potenciar los sistemas educativos como respuesta a los cambios mundiales. Y, todo ello, en un marco de globalización, internacionalización lo llama Schriewer, en que las relaciones de interacción y de intercambio son globales, donde hay interconexión mundial en los campos de la comunicación y donde existe una harmonización transnacional de modelos y estructuras sociales. De hecho, estas relaciones ya se están dando en el campo de la Cooperación internacional en evaluación, al frente de los cuales se sitúan Brasil, Colombia, Chile y Venezuela.

La evaluación es el resultado de las interacciones del gobierno, la sociedad educativa no gubernamental, la comunidad de especialistas de la evaluación y el mercado, cada uno con su cuota de poder. Las interacciones de estos sectores de la sociedad moderna el Estado, la sociedad civil y la economía de mercado son muy complejas, interdependientes y, frecuentemente, de carácter conflictivo, porqué, en el fondo, lo que se reparten son cuotas de poder.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA

La evaluación del sistema educativo debe ser un elemento de información de las autoridades públicas. Los tres niveles del sistema educativo central, regional y local- están dominados, en la planificación, por las políticas educativas; en la administración, por la gestión científica y en la enseñanza, por el psicologismo. Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta la naturaleza política de toda evaluación como la que planteamos, es necesario que la escuela destinatario último y principal de la mejora del sistema educativo- sea el eje de esta evaluación, teniendo en cuenta las estructuras burocráticas y la planificación educativo -política. Estamos convencidos del papel que juegan las estructuras gubernamentales sobre el rendimiento de las escuelas, hasta el punto que la burocracia, en muchos casos, es la causa principal de su fracaso.

Se trata de analizar la eficacia de las grandes políticas que se ponen en marcha en el ámbito de la educación. Debemos buscar, de forma prioritaria, la relación entre la existencia (o amplitud) de una política y los resultados en el plano de la educación , o, como dice Kallen , de forma explícita “toda política, toda reforma, ha de comportar su propia evaluación para que tenga pleno impacto en la política y en la práctica educativa” ( Kallen,1996:7).

Dos elementos conceptuales enmarcan esta necesidad: la ya mencionada de l’accountability, es decir, que intenta garantizar una supervisión s estrecha de la tarea de las escuelas y, en el fondo, garantizar la calidad educativa de los resultados productos -, por parte del Estado; y, la que considera más apropiada para América Latina, en estos momentos, de la responsiveness, entendida como la capacidad de dar respuesta a las necesidades del entorno objetivo al que contribuyen de manera decisiva y decidida las CEFFAs-, y que se desarrolla en cuatro líneas fundamentales:

  • Descentralización, como redistribución de poder entre el centro y la periferia
  • Participación social en el gobierno de los sistemas educativos; protagonismo que debe atribuirse a la comunidad educativa (profesores, familias, estudiantes, organizaciones educativas, etc.)
  • Apertura a los agentes económicos, y,
  • Autonomía de los centros educativos.

Estas cuatro líneas pretenden acercar los usuarios, en el sentido s amplio de la palabra, a la toma de decisiones relativas a los procesos y a los productos educativos.

Antes de plantear el modelo, un último concepto: la noción de transparencia. Noción enteramente política según la cual los gobiernos, las sociedades o colectividades tienen, desde un punto de vista democrático, el derecho de observar el funcionamiento de los sistemas. Y, como complemento a la explicación anterior, la idea que un sistema educativo moderno, dentro de una sociedad plural, no puede funcionar eficazmente si no se toman en consideración las voces y las necesidades de los clientes del mismo, de sus opiniones, sus formas de organizarse, en definitiva, el protagonismo de la sociedad civil.

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