Cuando se prioriza una lectura ético-política de los sistemas nacionales
de evaluación se hace necesario un análisis profundo de las consecuencias que
los mismos tienen, sus impactos en las prácticas educativas, en el desarrollo
del currículo, en los centros educativos, en los docentes, en los alumnos y en
sus familias. Desde este punto de vista hay dos aspectos a considerar, el
primero es si tienen un impacto positivo, el segundo se refiere a aquellos
efectos no deseados o no contemplados que los sistemas de evaluación pueden
tener.
En cuanto al primero de ellos, lo que los sistemas de evaluación aportan al cambio y a la mejora educativa, debemos decir que no es un asunto en el que haya pleno consenso. Está claro que no todo sistema de evaluación de la calidad de la educación pretende o puede generar cambios o mejoras, o aportar para que esto suceda.
En cuanto a los efectos no deseados, son muchos los análisis que se han
realizado. Dentro de la óptica que se está priorizando en este artículo, la
mirada ética-política de los sistemas de evaluación, es imprescindible un
análisis profundo de los impactos no deseados o no contemplados que los
sistemas nacionales de evaluación tienen o pueden tener a distintos niveles. En
este caso, sólo se hará mención a tres aspectos.
En primer lugar, se ha escrito mucho sobre cómo influyen los operativos
de evaluación en las prácticas educativas, haciendo que las mismas busquen
adaptarse a las exigencias que los procedimientos de evaluación demandan. El
efecto del ranking o la “fabricación de jerarquías de excelencia”, que subyacen a estas
lógicas, ejerce una presión sobre las prácticas educativas en general y los
profesores en particular. Esta situación supone una significativa devaluación
del currículo. Siendo este el principal referente, públicamente construido, se
ve seriamente sometido a las tensiones que los procesos de evaluación externa
generan.
Las tensiones entre ambos, el currículo como elemento esencial de la
política educativa y los sistemas nacionales de evaluación, como supuesto
complemento para la concreción y mejora del anterior, son continuas y
constantes dentro de las prácticas y los debates en este terreno. En
consecuencia, llevando la situación a un extremo, nos encontramos con una
verdadera alteración de los procesos democráticamente admitidos para el diseño
y desarrollo de políticas públicas. Si los sistemas nacionales de evaluación
terminan devaluando el currículo a través de las prioridades que establece y
del uso que hace de los resultados que obtiene, nos encontramos con una
situación preocupante, en tanto no son ellos los que tienen el poder para
determinar las políticas.
En segundo lugar, otro efecto importante, tiene que ver con el refuerzo
de las situaciones de desigualdad e injusticia que en muchas ocasiones se
generan a partir del uso de los resultados. El efecto ranking suele reforzar situaciones
de desigualdad que son anteriores a las mismas evaluaciones, aumentando así la
situación de vulnerabilidad existente en el punto de partida, objetivada ahora
por esta práctica de evaluación y de difusión de resultados.
En tercer lugar, y en la misma línea recién mencionada, es igualmente
preocupante el poco reconocimiento que estos sistemas de evaluación de la
calidad de la educación y difusión de los resultados aportan a los esfuerzos
que muchos países y centros realizan para mejorar la educación que ofrecen. Los
procesos de evaluación estandarizados, como se ha visto, suelen caracterizarse
por medir resultados al margen de la evolución y de los progresos de
aprendizajes, al no tomar en cuenta los puntos de partida les resulta imposible
generar un conocimiento que permita reconocer este tipo de aspectos.
Son muchos los efectos o impactos no deseados que podrían ser analizados
aquí; sin embargo no se ampliará sobre los mismos, aunque sí es necesario
insistir en la necesidad de contemplar estos efectos; el hacerlo es clave para
generar procesos de evaluación de la calidad educativa que aporten más
beneficios que dificultades.
Extraído de
La racionalidad de las políticas de evaluación de la
calidad de la educación
HÉCTOR A. MONARCA
Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas
Supranacionales, Universidad Autónoma de Madrid, España
En Revista
Iberoamericana de Educación
n.º 59/1 – 15/05/12
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