jueves, 29 de noviembre de 2012

El mérito y la interpretación en la evaluación

Evaluar una institución educativa, o una parte de ella, implica establecer criterios de valor ¿Es esta una opción neutra? ¿O está teñida de intereses? ¿Cómo actuar ante esta situación y frente a la interpretación de los resultados?


Existe una amplia coincidencia entre los profesionales que trabajan en el campo de la evaluación educativa en que la determinación del mérito o del valor del objeto evaluado es uno de los rasgos distintivos de los procesos de evaluación. A partir de la información obtenida por medio de los procedimientos técnicos adecuados, es preciso valorar cómo está funcionando aquello que se evalúa, si cumple los objetivos previstos, sus logros y sus carencias principales y, en la medida de lo posible, las causas o, si esto no fuera posible, los correlatos de esta situación. La determinación del mérito supone un juicio de valor en el que entran en juego factores educativos, políticos y éticos. 

Como ya se ha señalado anteriormente, los modelos educativos y las opciones de valor operan también en las primeras fases del proceso de evaluación y las decisiones adoptadas en ellas influyen en las fases ulteriores y definitivas. También la elección del modo de comparación de los resultados influye en la valoración del objeto estudiado y es a su vez expresión de una determinada concepción educativa. La comparación ordenada de las escuelas en función de los resultados directos de los alumnos no permite la misma valoración que si se tiene en cuenta el valor agregado que las escuelas aportan a los logros de los alumnos en función de su nivel inicial y de su contexto sociocultural. La valoración de una escuela tampoco sería la misma si se comparan sus resultados con otras escuelas o si la comparación se realiza con ella misma en diferentes períodos de tiempo. 

La decisión sobre el mérito que se atribuye a las instituciones evaluadas –lo mismo se podría decir de los sistemas y de los individuos– es, la expresión de una opción de valor. En consecuencia, las decisiones que se asumen en la evaluación, como en la educación en su conjunto, no son neutras, sino que reflejan una determinada concepción del papel de la educación en la sociedad, de los objetivos educativos que deben destacarse y de los modelos de cambio que se consideran más pertinentes. No es extraño por ello que sea en el campo de la valoración del mérito de la realidad evaluada en donde las relaciones entre la evaluación y la política se hacen presentes de forma más nítida. 

En la determinación del mérito o valor del objeto evaluado ocupa un papel relevante la interpretación o explicación que se realiza de la información obtenida. La toma en consideración de unos factores u otros y la metodología utilizada orienta en una u en otra dirección el discurso interpretativo. Además, la posibilidad de incorporar informaciones procedentes de otras evaluaciones puede ampliar la realidad evaluada. Desde esta perspectiva adquiere una especial relevancia la integración de las informaciones obtenidas en las diferentes evaluaciones. Hay que reconocer, sin embargo, que la pluralidad de modelos, opciones de valor y metodologías utilizadas complican enormemente esta labor. 

Pero también la tarea interpretativa, en gran medida también valorativa, tiene una especial relación con otra de las finalidades de la evaluación: la información para la adopción de decisiones y para el cambio. En función de las relaciones establecidas entre las variables seleccionadas, el énfasis de la orientación puede estar en el mérito de la realidad educativa evaluada, en las barreras que determinadas condiciones imponen al objeto evaluado o en la búsqueda de nuevas informaciones que permitan comprenderlo mejor. Además, el énfasis en tales o cuales dimensiones que contribuyen a la interpretación de la realidad educativa no solo puede orientar las decisiones, sino que sitúa el foco de la responsabilidad en determinadas instituciones, sectores o personas. Por ello sería preciso que la evaluación incluyera de alguna manera a todos aquellos que pudieran tener alguna responsabilidad con el desempeño del objeto evaluado. 

Un ejemplo puede ayudar a clarificar este planteamiento. Supongamos que se ha realizado una evaluación de un programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en la escuela ordinaria y se ha comprobado que estos alumnos tienen más dificultades de relación social con sus compañeros que aquellos otros que estudian en una escuela especial. ¿Cómo interpretar estos datos y orientar a partir de ellos? ¿Sería correcto sugerir que no es positiva, al menos en este ámbito, la inclusión educativa? ¿O solo que hay que cambiar determinadas condiciones –formación de maestros, recursos humanos y materiales, actitudes de los maestros, de las familias y de los alumnos, actividades de ocio que desarrollan los municipios, etc.– para mejorar el proyecto? ¿Qué condiciones son las más importantes, de quién es la responsabilidad principal y cómo se ha constatado en esta evaluación? ¿O se podría pensar que esos resultados se invertirían cuando se evaluara la adaptación social de los alumnos en contextos no escolares, lo que apuntaría a otro tipo de evaluación en un nuevo contexto?







Extraído de
Los resultados de las evaluaciones y su papel en las políticas educativas
Autor
Álvaro Marchesi


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