Para que los sistemas educativos contribuyan a la generación de una educación
justa, es necesario exigirles que den cuenta, oportuna y verazmente, de su
capacidad para igualar oportunidades, procesos y resultados y ser un motor de
movilidad social para todos. Desde esta perspectiva, la evaluación debe
explicitar y visibilizar los antiguos y nuevos problemas y fuentes de
desigualdad que afectan a los sistemas educativos y repercuten en la formación
de sus ciudadanos.
La evaluación de la educación, de su calidad y justa distribución, requiere
ser parte de políticas consensuadas y legitimadas socialmente. Una evaluación que
dé cuenta y ayude a alcanzar una educación de calidad, justa y equitativa se inserta
en un escenario complejo y tensionado por paradigmas, ideologías, intereses,
miradas y saberes profesionales y técnicos y el propio sentido común.
Las políticas de evaluación de la educación deben traducirse en lograr una
concertación social que promueva nuevas interpretaciones y prácticas de acción
sobre los posibles caminos y medios para mejorar la calidad, relevancia,
justicia y equidad de la educación mediante la cual se formen ciudadanos con
pleno acceso al conocimiento e igualdad de oportunidades.
En esta visión es importante considerar desde dónde y qué se evalúa. La
respuesta es clara al primer elemento: evaluar desde el principio de sociedades
democráticas y perspectiva de derechos humanos. La educación se debe a la
formación y fortalecimiento de personas conscientes de sus derechos y
responsabilidades, capaces de reflexionar, interactuar, convivir y construir
con otros y optar por valores y principios que promuevan el desarrollo de una
convivencia democrática y justa tanto en sus familias, como en la comunidad, el
país y el mundo. Así, la evaluación para priorizar y promover la justicia en
educación debe ser entendida desde una visión democrática y pluralista de la sociedad. La
evaluación que se necesita ha de considerar que la educación es más que las
consecuencias medidas en estándares: es, principalmente, la experiencia de
aprender y ser con otros; en un proceso en el que se distribuye no sólo el
presente, sino también el futuro de los sujetos.
Respecto al qué se debiera evaluar para determinar hasta qué grado la
Educación está contribuyendo a la consecución de una sociedad justa, hay una
serie de elementos que nos parecen importantes de someter al debate:
1. Verificar la universalidad e igualdad en el
acceso a la educación. Garantizar el derecho
universal a la educación es el primer requisito de una educación para la Justicia Social ,
pero es igualmente imprescindible que ella sea de igual calidad para todos. Los
estados y sus sistemas han hecho enormes esfuerzos y conseguido avances
significativos, en el incremento de la cobertura educativa. Sin embargo, la
información disponible sigue mostrando enormes desigualdades respecto del
acceso de los niños, niñas y jóvenes, según contextos y niveles socioeconómicos
en los distintos países de la región, como también respecto de la calidad
educativa que reciben unos y otros. Así entonces, aparece como un permanente
elemento de la evaluación de una educación para la Justicia Social ,
el dar cuenta de los niveles de igualdad en el acceso a la escuela de todos y
cada uno de los niños, niñas y adolescentes. La evaluación debiera ayudar a
responder si el acceso a la escuela es igual para todos, mostrando por ejemplo,
sí todas las comunidades cuentan con escuelas cercanas y buenas donde poder enviar
a sus niños, niñas y jóvenes o dando cuenta de las barreras económicas, tanto
directas como indirectas que lo dificultan. Nos referimos, por ejemplo, al cobro
de matrícula y cooperaciones o aportes "voluntarios" que se les piden
a las familias, así como a los gastos derivados de la comida, transporte,
uniforme, materiales o pago de internados en zonas lejanas, en que deben
incurrir los padres para que sus hijos se puedan educar. En esta mirada, parece
necesario visibilizar la tensión entre el trabajo infantil, acceso y asistencia
a la escuela, que pone serios límites al derecho a la infancia y a la
educación, especialmente a niños, niñas y jóvenes de los sectores de mayor
pobreza y ruralidad.
2. Dar cuenta de
la heterogeneidad social y cultural de los estudiantes en escuelas y entre
escuelas. Si la diversidad es un elemento positivo que contribuye ofrecer una
educación de mayor calidad, una de las sutiles formas de discriminación es la
concentración de alumnos con determinadas características en algunas aulas o
centros, normalmente públicos, dificultando la adecuada atención de estos con
los recursos disponibles. Promover y resguardar la mixtura social en las
escuelas, favorece además la experiencia de formación ciudadana, la cohesión e
integración social; la convivencia e intercambios en una sociedad plural,
multicultural y diversa; el respeto, tolerancia y valoración del otro. Una
evaluación que analice las condiciones necesarias para conseguir una educación
para la Justicia
Social debe abordar necesariamente este elemento y denunciar
la existencia de guetos en nuestros sistemas educativos.
3. Evaluar la calidad del proceso de enseñanza
y aprendizaje en el aula. Tal como lo hemos señalados, la inequidad
educativa se inicia en el aula, no sólo mediante una enseñanza poco relevante, sino
también cuando en ellas se discrimina o no se trata igual a hombres y mujeres,
a los más aventajados y a quienes presentan mayores dificultades. Es importante
entonces entrar al aula para dar cuenta de las condiciones y características
del proceso de enseñanza y sus efectos en el aprendizaje. Trabajar para la Justicia Social
exige así, que cada profesor y profesora utilicen estrategias que atiendan a la
diversidad de sus estudiantes, aportando un trato diferencial de acuerdo con
sus capacidades y características sociales, económicas y culturales, que
posibilite que todos adquieran los aprendizajes necesarios, participen
activamente del proceso y se desarrollen plenamente. La evaluación debe atender
la dinámica y resultados del trabajo en el aula y, asegurar que se cumpla este trato
equitativo y diferencial.
4. Informar respecto de las condiciones y
recursos para aprender. Se estima necesario que, desde la evaluación, se
levante información respecto de la calidad y adecuación de infraestructura, equipamiento
y tipo y existencia de recursos y materiales didácticos disponibles en las escuelas.
Ello, dado su innegable aporte al enriquecimiento de los ambientes de
aprendizaje para motivar y retener a los niños, niñas y jóvenes en ellas.
Existe la conciencia de que es necesaria una mayor atención a aquellos
estudiantes que más lo necesitan; sin embargo, no existe la misma conciencia de
que las escuelas que más problemas tienen también necesitan de recursos extra en
docentes, materiales educativos e infraestructura.
5. Monitorear el respeto y ejercicio de
derechos de los niños, niñas y jóvenes en la escuela. Los estudiantes necesitan
sentirse valorados, respetados y apreciados en la escuela para poder
desarrollarse adecuadamente. El “buen trato”, la existencia de un clima positivo
y una convivencia democrática y promotora de la Justicia Social
son elementos que debiera incluir esa evaluación que defendemos. Ello implica también
evaluar la existencia de normas de convivencia, justas y consensuadas con la
comunidad, y su adecuada aplicación.
6. Evaluar la participación de estudiantes, las
familias y comunidad en la
escuela. El éxito del proceso y
trayectoria educativa involucra y compromete a todos. En tal sentido, nos
parece relevante dar cuenta del tipo y niveles de participación de los
estudiantes, sus familias y la propia comunidad. Desde esta mirada, adquiere
centralidad conocer cuáles son los espacios de participación que les ofrece la
escuelas, así como los sistemas y mecanismos que se dan para promoverla y resguardarla.
Especialmente importante será analizar la adecuada representación de los mismos
en los órganos de decisión, así como el cuidado por la incorporación de
minorías tradicionalmente excluidas.
7. Supervisar la eficiencia interna de las
escuelas. Abogamos también por la necesidad de dar cuenta de la situación interna
de las escuelas, y no sólo conocer de promedios de rendimientos. Reducir
brechas y corregir dinámicas injustas o inequitativas en las escuelas y por
agregación en los sistemas, requiere profundizar en los niveles y
características que alcanza la repetición, abandono, promoción y titulación en
cada una de ellas, tanto en términos globales como, especialmente, en las
diferencias por género, clase social, lengua materna, nacionalidad o cultura.
8. Evaluar los
resultados y desempeños académicos de los estudiantes no sólo en las
áreas curriculares, sino también en cuanto a su dimensión socioafectiva, formación
ciudadana, ética y valores. Y, como en el punto anterior, no sólo en
promedios para el conjunto de los estudiantes, sino en sus diferencias en
función del género, diferencias sociales y culturales.
9. Valorar la actitud y el compromiso del
profesorado por los
estudiantes y su futuro, y por la Justicia Social. Un
elemento básico y fundamental que nace de la esencia de esta concepción de la
educación es el profesorado. Ninguna educación podrá ser Justa, y mucho menos
trabajar por la
Justicia Social , si no cuenta con un cuerpo de profesores y
profesoras que confíen en sus estudiantes y estén comprometidos con ellos; si
no son capaces de detectar y denunciar las injusticias que se dan en la
educación y en la sociedad, y dan los pasos necesarios para acabar con ellas, si
no se comprometen de una forma clara con una educación que logre transformar la sociedad. En ese
sentido, la evaluación puede ayudar a visibilizar actitudes que poco tienen que
ver con la educación que se propugna y, de esta forma, poder trabajar para
modificarla.
10. Evaluar el compromiso
y las acciones de los directores y directoras escolares
para la consecución de una educación para la Justicia Social. La investigación y la experiencia han demostrado la importancia de los
líderes escolares por la
Justicia Social , de tal forma que se presenta como un
elemento sine qua non.
Parece necesario contar con líderes democráticos que crean y trabajen desde
la Justicia Social
y para la Justicia
Social : cuya esencia sea construir culturas escolares
inclusivas y comprometidas con la consecución de una sociedad más justa.
11. Supervisar la
gestión de los administradores, las redes y los apoyos externos a la escuela. Los límites y dificultades que
enfrentan las escuelas para mejorar la formación de sus estudiantes se
relacionan también y directamente, con la calidad de la gestión de sus
administradores. Una evaluación que colabore en una educación justa debe
detenerse en las condiciones y capacidades de los entes responsables de las
escuelas, en los sistemas y mecanismos mediante los cuales apoyan y supervisan lo
que en ellas ocurre y debiera ocurrir. Sin duda una de las injusticias del
campo educativo alude a la diversidad de apoyos y redes externas con que
cuentan las escuelas.
Extraído de
Evaluación Educativa para Autores
F. Javier Murillo, Marcela Román y Reyes Hernández Castilla
En
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2011 - Volumen 4, Número 1
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