miércoles, 23 de enero de 2013

Evaluar la Educación para la Justicia Social

Todos los discursos son coincidentes en la necesidad de una Justicia Social, aunque sabemos que intereses de los sectores opresores hacen que su logro sea más bien utópico. La Educación también debe orientarse hacia ese lugar, entonces ¿Cómo evaluar el contenido de justicia? ¿Qué aspectos considerar?





Para que los sistemas educativos contribuyan a la generación de una educación justa, es necesario exigirles que den cuenta, oportuna y verazmente, de su capacidad para igualar oportunidades, procesos y resultados y ser un motor de movilidad social para todos. Desde esta perspectiva, la evaluación debe explicitar y visibilizar los antiguos y nuevos problemas y fuentes de desigualdad que afectan a los sistemas educativos y repercuten en la formación de sus ciudadanos.


La evaluación de la educación, de su calidad y justa distribución, requiere ser parte de políticas consensuadas y legitimadas socialmente. Una evaluación que dé cuenta y ayude a alcanzar una educación de calidad, justa y equitativa se inserta en un escenario complejo y tensionado por paradigmas, ideologías, intereses, miradas y saberes profesionales y técnicos y el propio sentido común.


Las políticas de evaluación de la educación deben traducirse en lograr una concertación social que promueva nuevas interpretaciones y prácticas de acción sobre los posibles caminos y medios para mejorar la calidad, relevancia, justicia y equidad de la educación mediante la cual se formen ciudadanos con pleno acceso al conocimiento e igualdad de oportunidades.


En esta visión es importante considerar desde dónde y qué se evalúa. La respuesta es clara al primer elemento: evaluar desde el principio de sociedades democráticas y perspectiva de derechos humanos. La educación se debe a la formación y fortalecimiento de personas conscientes de sus derechos y responsabilidades, capaces de reflexionar, interactuar, convivir y construir con otros y optar por valores y principios que promuevan el desarrollo de una convivencia democrática y justa tanto en sus familias, como en la comunidad, el país y el mundo. Así, la evaluación para priorizar y promover la justicia en educación debe ser entendida desde una visión democrática y pluralista de la sociedad. La evaluación que se necesita ha de considerar que la educación es más que las consecuencias medidas en estándares: es, principalmente, la experiencia de aprender y ser con otros; en un proceso en el que se distribuye no sólo el presente, sino también el futuro de los sujetos.



Respecto al qué se debiera evaluar para determinar hasta qué grado la Educación está contribuyendo a la consecución de una sociedad justa, hay una serie de elementos que nos parecen importantes de someter al debate:



1. Verificar la universalidad e igualdad en el acceso a la educación. Garantizar el derecho universal a la educación es el primer requisito de una educación para la Justicia Social, pero es igualmente imprescindible que ella sea de igual calidad para todos. Los estados y sus sistemas han hecho enormes esfuerzos y conseguido avances significativos, en el incremento de la cobertura educativa. Sin embargo, la información disponible sigue mostrando enormes desigualdades respecto del acceso de los niños, niñas y jóvenes, según contextos y niveles socioeconómicos en los distintos países de la región, como también respecto de la calidad educativa que reciben unos y otros. Así entonces, aparece como un permanente elemento de la evaluación de una educación para la Justicia Social, el dar cuenta de los niveles de igualdad en el acceso a la escuela de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes. La evaluación debiera ayudar a responder si el acceso a la escuela es igual para todos, mostrando por ejemplo, sí todas las comunidades cuentan con escuelas cercanas y buenas donde poder enviar a sus niños, niñas y jóvenes o dando cuenta de las barreras económicas, tanto directas como indirectas que lo dificultan. Nos referimos, por ejemplo, al cobro de matrícula y cooperaciones o aportes "voluntarios" que se les piden a las familias, así como a los gastos derivados de la comida, transporte, uniforme, materiales o pago de internados en zonas lejanas, en que deben incurrir los padres para que sus hijos se puedan educar. En esta mirada, parece necesario visibilizar la tensión entre el trabajo infantil, acceso y asistencia a la escuela, que pone serios límites al derecho a la infancia y a la educación, especialmente a niños, niñas y jóvenes de los sectores de mayor pobreza y ruralidad.



2. Dar cuenta de la heterogeneidad social y cultural de los estudiantes en escuelas y entre escuelas. Si la diversidad es un elemento positivo que contribuye ofrecer una educación de mayor calidad, una de las sutiles formas de discriminación es la concentración de alumnos con determinadas características en algunas aulas o centros, normalmente públicos, dificultando la adecuada atención de estos con los recursos disponibles. Promover y resguardar la mixtura social en las escuelas, favorece además la experiencia de formación ciudadana, la cohesión e integración social; la convivencia e intercambios en una sociedad plural, multicultural y diversa; el respeto, tolerancia y valoración del otro. Una evaluación que analice las condiciones necesarias para conseguir una educación para la Justicia Social debe abordar necesariamente este elemento y denunciar la existencia de guetos en nuestros sistemas educativos.



3. Evaluar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Tal como lo hemos señalados, la inequidad educativa se inicia en el aula, no sólo mediante una enseñanza poco relevante, sino también cuando en ellas se discrimina o no se trata igual a hombres y mujeres, a los más aventajados y a quienes presentan mayores dificultades. Es importante entonces entrar al aula para dar cuenta de las condiciones y características del proceso de enseñanza y sus efectos en el aprendizaje. Trabajar para la Justicia Social exige así, que cada profesor y profesora utilicen estrategias que atiendan a la diversidad de sus estudiantes, aportando un trato diferencial de acuerdo con sus capacidades y características sociales, económicas y culturales, que posibilite que todos adquieran los aprendizajes necesarios, participen activamente del proceso y se desarrollen plenamente. La evaluación debe atender la dinámica y resultados del trabajo en el aula y, asegurar que se cumpla este trato equitativo y diferencial.



4. Informar respecto de las condiciones y recursos para aprender. Se estima necesario que, desde la evaluación, se levante información respecto de la calidad y adecuación de infraestructura, equipamiento y tipo y existencia de recursos y materiales didácticos disponibles en las escuelas. Ello, dado su innegable aporte al enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje para motivar y retener a los niños, niñas y jóvenes en ellas. Existe la conciencia de que es necesaria una mayor atención a aquellos estudiantes que más lo necesitan; sin embargo, no existe la misma conciencia de que las escuelas que más problemas tienen también necesitan de recursos extra en docentes, materiales educativos e infraestructura.



5. Monitorear el respeto y ejercicio de derechos de los niños, niñas y jóvenes en la escuela. Los estudiantes necesitan sentirse valorados, respetados y apreciados en la escuela para poder desarrollarse adecuadamente. El “buen trato”, la existencia de un clima positivo y una convivencia democrática y promotora de la Justicia Social son elementos que debiera incluir esa evaluación que defendemos. Ello implica también evaluar la existencia de normas de convivencia, justas y consensuadas con la comunidad, y su adecuada aplicación.



6. Evaluar la participación de estudiantes, las familias y comunidad en la escuela. El éxito del proceso y trayectoria educativa involucra y compromete a todos. En tal sentido, nos parece relevante dar cuenta del tipo y niveles de participación de los estudiantes, sus familias y la propia comunidad. Desde esta mirada, adquiere centralidad conocer cuáles son los espacios de participación que les ofrece la escuelas, así como los sistemas y mecanismos que se dan para promoverla y resguardarla. Especialmente importante será analizar la adecuada representación de los mismos en los órganos de decisión, así como el cuidado por la incorporación de minorías tradicionalmente excluidas.



7. Supervisar la eficiencia interna de las escuelas. Abogamos también por la necesidad de dar cuenta de la situación interna de las escuelas, y no sólo conocer de promedios de rendimientos. Reducir brechas y corregir dinámicas injustas o inequitativas en las escuelas y por agregación en los sistemas, requiere profundizar en los niveles y características que alcanza la repetición, abandono, promoción y titulación en cada una de ellas, tanto en términos globales como, especialmente, en las diferencias por género, clase social, lengua materna, nacionalidad o cultura.



8. Evaluar los resultados y desempeños académicos de los estudiantes no sólo en las áreas curriculares, sino también en cuanto a su dimensión socioafectiva, formación ciudadana, ética y valores. Y, como en el punto anterior, no sólo en promedios para el conjunto de los estudiantes, sino en sus diferencias en función del género, diferencias sociales y culturales.



9. Valorar la actitud y el compromiso del profesorado por los estudiantes y su futuro, y por la Justicia Social. Un elemento básico y fundamental que nace de la esencia de esta concepción de la educación es el profesorado. Ninguna educación podrá ser Justa, y mucho menos trabajar por la Justicia Social, si no cuenta con un cuerpo de profesores y profesoras que confíen en sus estudiantes y estén comprometidos con ellos; si no son capaces de detectar y denunciar las injusticias que se dan en la educación y en la sociedad, y dan los pasos necesarios para acabar con ellas, si no se comprometen de una forma clara con una educación que logre transformar la sociedad. En ese sentido, la evaluación puede ayudar a visibilizar actitudes que poco tienen que ver con la educación que se propugna y, de esta forma, poder trabajar para modificarla.



10. Evaluar el compromiso y las acciones de los directores y directoras escolares para la consecución de una educación para la Justicia Social. La investigación y la experiencia han demostrado la importancia de los líderes escolares por la Justicia Social, de tal forma que se presenta como un elemento sine qua non.

Parece necesario contar con líderes democráticos que crean y trabajen desde la Justicia Social y para la Justicia Social: cuya esencia sea construir culturas escolares inclusivas y comprometidas con la consecución de una sociedad más justa.



11. Supervisar la gestión de los administradores, las redes y los apoyos externos a la escuela. Los límites y dificultades que enfrentan las escuelas para mejorar la formación de sus estudiantes se relacionan también y directamente, con la calidad de la gestión de sus administradores. Una evaluación que colabore en una educación justa debe detenerse en las condiciones y capacidades de los entes responsables de las escuelas, en los sistemas y mecanismos mediante los cuales apoyan y supervisan lo que en ellas ocurre y debiera ocurrir. Sin duda una de las injusticias del campo educativo alude a la diversidad de apoyos y redes externas con que cuentan las escuelas.







Extraído de
Evaluación Educativa para la Justicia Social
Autores
F. Javier Murillo, Marcela Román y Reyes Hernández Castilla
En
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2011 - Volumen 4, Número 1

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