Los sistemas educativos
no solo se enfrentan a una demanda de mayor flexibilidad en su modo de organización
y en su funcionamiento, sino que también se les reclama que promuevan una mayor
implicación de los ciudadanos y de la llamada sociedad civil en la gestión de los
asuntos educativos. En última instancia, se trata de dos fenómenos relacionados,
de dos caras de la misma moneda, si se quiere. La descentralización y la autonomía
escolar han sido frecuentemente interpretadas como parte de un movimiento político
de devolución de las responsabilidades educativas a instancias de gestión más cercanas
a la ciudadanía.
Este planteamiento
tiene profundas connotaciones políticas y ha generado importantes debates. Por una
parte, se acepta generalmente que la gestión de los asuntos educativos debe incorporar
a todos los sectores que componen la comunidad educativa. Ese es el fundamento de
que los sistemas educativos actuales hayan incorporado el principio de participación
democrática en su funcionamiento, aunque lo lleven a la práctica de maneras diversas.
Aún más, por lo general nos planteamos que no basta con asegurar una participación
formal, al estilo de la que se produce en los denominados consejos escolares, sino
que se debe dar un paso más allá y lograr una efectiva implicación de la comunidad
en los asuntos educativos. Ese es el motivo de que, por ejemplo, muchos de los sistemas
nacionales de evaluación estudien hoy el grado de implicación de las familias en
la educación de sus hijos. Pero, por otra parte, la citada devolución de responsabilidades
suscita algunos recelos, como los derivados del rechazo a los planteamientos neoliberales
que defienden que el Estado debe achicarse y actuar de manera subsidiaria a la actuación
de familias y comunidades, sembrando así la semilla de nuevas desigualdades en materia
de educación. Para quienes compartimos dichas críticas, la devolución de responsabilidades
tiene justificación social y política siempre que no implique el descuido del papel
crucial del Estado en la prestación del servicio público educativo o el abandono
a las simples fuerzas del mercado de un ámbito tan fundamental de actuación pública
como es la educación.
Entre las principales
consecuencias que ha producido este complejo movimiento de devolución de responsabilidades,
descentralización educativa y refuerzo de la autonomía escolar cabe destacar la
aparición de una nueva demanda de rendición de cuentas en el ámbito educativo. Los
sistemas educativos reciben importantes recursos y se espera de ellos que realicen
una contribución relevante al desarrollo económico y social. Las escuelas gozan
de la confianza pública para contribuir a formar lo mejor posible a los ciudadanos
más jóvenes. A cambio, los sistemas educativos y las escuelas deben dar cuenta de
la utilización que hacen de los recursos que se les confían y, sobre todo, de los
resultados que consiguen. Frente a la imagen muy difundida del sistema educativo
como una caja negra, de la que no se conoce qué sucede exactamente en su interior,
se extiende la demanda de una mayor transparencia y una rendición de cuentas coherente
con los principios de la gestión democrática.
La difusión de ese
planteamiento de rendición de cuentas ha contribuido notablemente a la expansión
de los sistemas nacionales de evaluación en la última década. Los estudios que llevan
a cabo pretenden dar respuesta a las preguntas que se formulan acerca de los logros
educativos conseguidos, los avances experimentados, el grado de equidad alcanzado
o el uso que se hace de los recursos existentes, estableciendo además comparaciones
entre países, regiones e incluso escuelas. Las respuestas dadas a esos interrogantes
son consideradas clave para adoptar estrategias de actuación, para establecer prioridades
políticas, para incentivar a las escuelas y al profesorado, para mostrar a las familias
y a los ciudadanos lo que se ha conseguido (y lo que falta por conseguir) y para
objetivar el debate público acerca de la educación.
Autor
Evaluación y cambio
educativo: los debates actuales sobre las ventajas y los riesgos de la evaluaciónAlejandro Tiana
En
Avances y desafíos en la evaluación educativa
Elena Martín
Felipe Martínez Rizo
Coordinadores
Metas Educativas 2021
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