Una Evaluación Justa para una Educación Justa

La evaluación es parte del proceso de aprendizaje y de enseñanza, y su importancia social es tal, que condiciona a la totalidad ¿Qué aspecto debe considerar en un marco de una “Educación Justa”? ¿Cómo debe ser una “Evaluación Justa”?

Desde la certeza del estratégico papel que puede cumplir la evaluación en la consecución de una verdadera educación para la Justicia Social, es evidente que difícilmente podremos aspirar a una educación para la Justicia Social si no contamos con un sistema y mecanismos de evaluación que sean coherentes con esos principios. Sin pretender ser exhaustivos, queremos señalar algunos elementos que deberían tenerse en cuenta:

Una evaluación justa para todos los estudiantes

Quizás el primer elemento irrenunciable de una educación para la Justicia Social, la condición sine qua non, es que todos y cada uno de los estudiantes aprenda. La evaluación es un componente esencial de ese aprendizaje, tanto para asegurarse de que se logra, como para orientar adecuadamente las medidas para su adquisición. Pero ni todos los y las estudiantes son iguales, ni la forma que tienen de aprender. Por ello, la evaluación que los acompañe y retroalimente en sus procesos y logros ha de considerar y reconocer la diversidad de los estudiantes en cultura, lengua materna, género, capacidad o clase social, entre otros.

Esto supone hacer posible el tránsito desde sistemas de evaluación diseñados para la mayoría de los estudiantes, hacia sistemas que asuman y sean capaces de dar cuenta de la diversidad y heterogeneidad de los niños, niñas y jóvenes, en tanto colectivos con identidades, lenguas, universos simbólicos, recursos y necesidades propias. De esta forma, una evaluación para la Justicia Social requiere, como primera medida, analizar y reflejar el desarrollo, aprendizajes y desempeños de mujeres y hombres, con diferentes capacidades, pero iguales en derechos; de estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, provenientes de variados contextos y zonas geográficas; de niños, niñas y jóvenes pertenecientes a diversos grupos étnicos o inmigrantes, entre otros, para así poder dar mayor relevancia y pertinencia a la educación que estos grupos y colectivos necesitan.

Hablamos de una perspectiva evaluativa capaz de hacer emerger lo diverso y distinto de los estudiantes para, desde allí, emitir juicios válidos y pertinentes respecto de lo que ellos logran en su proceso educativo, tanto como de los factores o condiciones que lo explican. Desde este enfoque, le atañe a la evaluación responder, por ejemplo, por el tipo y relevancia de las capacidades y competencias que la escuela consigue desarrollar en las diversas poblaciones estudiantiles, por el aporte que tiene la enseñanza a partir de la lengua materna, en la adquisición de habilidades y capacidades en la comunicación oral y escrita de la lengua dominante o, por las implicancias de la educación en el desarrollo socio-afectivo o la convivencia democrática de sus comunidades y estudiantes.

En otras palabras, la evaluación ha de contribuir a la mejora de los niveles de inclusión de la educación, facilitando la construcción de estrategias para que todos y todas puedan desarrollarse plenamente a partir de sus capacidades, saberes previos, intereses y necesidades. La justicia educativa -lo que implica su calidad- también se deberá medir por la capacidad de los sistemas escolares de incorporar y potenciar a todos los niños, niñas y jóvenes. Un rol importante de la evaluación es visibilizar cuanto esto no ocurre, dando cuenta de actos, sistemas, procesos y resultados injustos.

Evaluación del desarrollo integral de los estudiantes

Como se ha señalado, una educación en y para la Justicia Social exige que ésta logre un desarrollo integral de los y las estudiantes. En consecuencia, la evaluación de la educación debe dar respuesta al cumplimiento de esta misión.

Hay consenso en aceptar que es importante dar cuenta de los logros de los estudiantes en términos de la posibilidad de expresar y comunicarse, acceder y usar la información, desarrollar el pensamiento lógico, explorar y explicar fenómenos, entre otras facultades que se potencian con la enseñanza de la lengua y la matemática. Pero es igualmente relevante analizar y emitir juicios fundados respecto del aporte de la educación al desarrollo de actitudes, disposiciones y comportamientos relacionados con el conocimiento de sí mismo, las emociones propias y de los demás, las normas y principios que orientan una buena comunicación y crean relaciones de convivencia armónicas y propositivas. En esta mirada integral han de estar presentes con igual fuerza, los principios y criterios ofrecidos y adquiridos para la toma de decisiones que tienen que ver con respuestas éticas que hacen posible el respeto y valoración por el otro y la diversidad, así como la capacidad de proyectar y promover una sociedad justa e inclusiva.

Hay dos aspectos a considerar en este desafío para la evaluación: por un lado, la necesaria consideración de todas las dimensiones implicadas en el desarrollo integral de los sujetos; y, por otro, su abordaje en tanto dimensiones completamente interrelacionadas, que se nutren y se construyen en un permanente diálogo. La evaluación tiene gran poder en orientar y presionar a los sistemas, escuelas y actores en función de aquello que será evaluado. Efectivamente, uno de los efectos perversos de la evaluación es que parece que sólo es importante aquello que se evalúa, de tal forma que muchos docentes están centrando la formación en la enseñanza de las Matemáticas o la Lengua, olvidando que el desarrollo socio-efectivo y ético es tan importante como el cognitivo y de hecho lo favorece.

Por su parte, aun cuando la escuela no pretende ni organiza la enseñanza y el aprendizaje de estas dimensiones, como sí lo hace con los saberes formales, siempre incide y las afecta significativamente, siendo muy poco lo que se sabe al respecto. De esta manera, las consecuencias que la educación y la escuela tienen en estas dimensiones quedan sumergidas o ignoradas y por consiguiente, no se conoce qué es lo que ella debe mejorar para realmente desarrollar integralmente a los sujetos.

Evaluar el grado de compromiso e implicación de los estudiantes con la Justicia Social.

Aunque sería posible incorporar este elemento en lo anterior, sería preciso abordar específicamente el estudio del compromiso de cada uno de los estudiantes en la consecución de una sociedad más justa y democrática. Se trata de ver hasta qué grado los y las estudiantes son verdaderamente agentes de cambio social, puesto que con sus actitudes y acciones contribuirán a transformar la sociedad cuando sean adultos. Importa por ejemplo, dar cuenta del grado de adhesión de los estudiantes a los principios democráticos, al respeto y promoción de los derechos humanos, tanto como de su preparación y capacidad para reconocer hechos y situaciones injustas, al tiempo que asumir roles y responsabilidad para aportar en su disminución. En otras palabras, la evaluación que necesitamos, ha de mirar más allá de lo que pasa con el estudiante en la escuela, para situarlo en la sociedad, en tanto ciudadano en igualdad de derechos, pero al mismo tiempo, comprometido con la Justicia Social. Consciente de las responsabilidades y deberes que -en tal búsqueda- lo comprometen e implican.

Evaluar la participación

De mayor complejidad, pero sin duda también de enorme relevancia, está la prioridad de las escuelas para promover y acrecentar la participación de su comunidad, especialmente de los estudiantes y sus familias, ya no tan sólo por sus positivos efectos en los aprendizajes y trayectorias escolares, sino por su incidencia en el desarrollo y formación de ciudadanos. Tal como lo hemos comentado, una educación para promover el desarrollo de sociedades más justas, democráticas e inclusivas debe tener escuelas que formen para convivir y construir con otros. La participación, sus formas, tipos de intercambios y propósitos aparecen con un lugar prioritario y estratégico en una educación de ciudadanos. La evaluación que la acompañe va a necesitar transitar por espacios menos visibles, muchas veces propios de la subjetividad de los actores, para apropiarse de dinámicas, reglas, condiciones y limitaciones que la podrán potenciar y hacer emerger.

No se trata simplemente de una participación reactiva a las preguntas del maestro en el aula o fuera de ella, o referida a las materias y contenidos tratados. Es necesario ir más allá y pedir autonomía y deliberación a los estudiantes, y al mismo tiempo demandar a la escuela por acciones que lo favorezcan. La evaluación -por ejemplo- podrá mirar y pedir cuenta a las escuelas por su capacidad para canalizar proyectos que reflejen los intereses de los niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, o por su apoyo y colaboración para cederles a ellos el liderazgo y protagonismo de tales proyectos, haciéndoles asumir los éxitos y logros, u entregándoles herramientas para resolver los limitaciones o problemas que surjan en sus procesos. Los centros estudiantiles, su existencia, importancia y rol ejercido, son también ejemplos de organizaciones y ámbitos en donde la evaluación puede ser una gran aliada.

Evaluar los desempeños de los estudiantes desde la realidad de sus escuelas.

Existe consenso en considerar a la escuela en su conjunto como el centro de la actividad educativa formal a la hora de evaluar lo alcanzado por los niños y niñas en su proceso. Sin embargo, la evaluación de los logros o aprendizajes de los estudiantes difícilmente se enmarcan y analizan en relación con las características y condiciones de la práctica docente, con los recursos disponibles, con el acceso y uso de tecnologías, con el clima de la escuela y el aula, o con las expectativas que sobre ellos manifiesten docentes y directivos, entre otros. Por ello, si se quiere avanzar en justicia, los sistemas de evaluación deben considerar la escuela en su integralidad y complejidad pedagógica, social y cultural, como el espacio que mejor información puede proporcionar respecto de la eficacia, eficiencia, pertinencia, relevancia y equidad de la educación que están recibiendo los niños, las niñas y los jóvenes.

La equidad se inicia y se desarrolla en el aula y en la escuela. En consecuencia, se requiere contar con docentes justos y competentes, así como directivos atentos y preocupados por el desempeño de los profesores y su consecuencia en los avances y resultados de los estudiantes. La calidad y equidad educativas requieren de una convicción profunda de que todos los niños y las niñas pueden aprender y tienen el derecho de recibir los recursos, la orientación y apoyos pedagógicos necesarios para lograrlo y desarrollarse integralmente.

En este punto conviene subrayar que los logros y resultados de los estudiantes, así como la apropiación de principios y valores individuales y colectivos, son una clara consecuencia de las rutinas, procesos, subjetividades y prácticas de las escuelas y sus comunidades, haciendo del todo necesario poder contar con estrategias e instrumentos que -al evaluar lo que ocurre con los estudiantes- lo hagan considerando todo lo anterior, de una manera justa y contextualizada. Resulta así necesario considerar todos aquellos factores que a nivel institucional, propios de los docentes y del aula, permiten o limitan el acceso al conocimiento, la apropiación de aprendizajes significativos y el desarrollo integral de sus estudiantes.

Evaluar la escuela en su conjunto favorece la comprensión de un micro-espacio público en el que se refleja y proyecta la sociedad a partir de realidades y contextos específicos, y en el que las acciones educativas y sus consecuencias adquieren una trascendencia relevante para orientar el desarrollo de la sociedad que se quiere alcanzar. Así, la evaluación de centros escolares que informa al sistema y reingresa los resultados a las propias escuelas y a las comunidades educativas contribuye al fortalecimiento y apoyo del sistema educativo, como a las propias instituciones escolares. Ello permite que se articulen y atiendan adecuadamente necesidades de poblaciones muy diversas, desiguales y heterogéneas, entregándoles los elementos que les permitan instalar las condiciones para que cada niño, niña y adolescente obtenga aprendizajes significativos, mejore sus rendimientos y se incorpore y aporte como ciudadano pleno a la sociedad.

  

Extraído de

Evaluación Educativa para la Justicia Social
Autores
F. Javier Murillo, Marcela Román y Reyes Hernández Castilla
En
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2011 - Volumen 4, Número 1