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Para nadie es una novedad que uno de los ejes
principales de las políticas educativas actuales, es la evaluación. Durante
la actual Reforma Educativa impulsada por la administración del presidente
Enrique Peña Nieto (2012-2018), los maestros y las maestras de México han sido
sometidos a duras exigencias para demostrar sus capacidades profesionales y su
compromiso con la educación. Desde las modificaciones al texto constitucional
de 2012-2013, la intención de este gobierno federal ha sido alcanzar o lograr
la “calidad” de la educación a través diferentes mecanismos, entre los cuales
se encuentra -según esa concepción-, la “idoneidad” de los docentes en
las escuelas públicas.
Para nadie es una novedad que uno de los ejes principales de las
políticas educativas actuales, es la evaluación; mismo eje que se ha
diseñado y puesto en operación de manera sistemática durante esta
administración federal, a través de dos instituciones nacionales, la Secretaría
de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), que han procedido a evaluar a los docentes de Educación
Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y de Educación Media Superior
(bachillerato) con fundamento en las leyes creadas o modificadas para tal fin.
Para que la educación obligatoria alcanzara y se convirtiera en un
“servicio” con nivel de “calidad”, -dice el discurso oficial-, era necesario
evaluar a los docentes y con ello determinar, no tanto qué apoyos requerían
para desarrollar de una manera adecuada y profesional su trabajo, sino
identificar quiénes reunían o no los requisitos académicos, técnicos y
laborales para desempeñarse como docentes de la escuela pública, y junto con
ello “depurar” a la planta nacional de profesores.
Por otra parte, considero que el proceso de evaluación ha sido concebido
por las autoridades (y en su momento por los legisladores) como el centro
gravitacional de la reforma educativa. La lógica interna de esas políticas
educativas, centradas en la evaluación de los docentes, además de contravenir
los preceptos constitucionales en materia de trabajo y de lesionar los
derechos de los trabajadores al servicio del Estado (Art. 123 de la
Constitución Política y Ley Federal del Trabajo), ha sido excluyente y se ha
instalado en medio de la desconfianza institucional (dicen en broma
nuestros compañeros maestros, que en la SEP hay dos tipos de trabajadores: los
“de confianza” y nosotros, o sea, el personal “de desconfianza”).
La tarea de evaluar a los docentes (que no es sólo un procedimiento
técnico) tiene, ciertamente, sus bondades en lo educativo, siempre y cuando
ésta sea utilizada como medio para identificar las necesidades específicas de
capacitación y actualización del magisterio; sin embargo, presenta
inconvenientes si la evaluación se usa sólo como medio de control, pues deriva
en problemas de carácter laboral, administrativo, político-sindical, ideológico,
psicológico, legal y de organización.
Por otra parte, uno de los riesgos que corre una Reforma Educativa que
deposita todas sus fuerzas en la evaluación de los docentes y demás figuras
educativas, más que pensar y actuar a favor de su acompañamiento y apoyo
profesional en la búsqueda de la “calidad” educativa, es convertir al proceso
evaluador en un mecanismo de selección y exclusión. Y al margen del significado
simbólico y agresivo, en particular, del examen, (que ha sido considerado, en
la literatura científica por pedagogos y psicólogos, como un mecanismo
“violento” o “coercitivo”), la evaluación en general que se practica en
nuestras instituciones públicas, parte de una lógica “enjuiciadora”, y los
profesores la perciben como un dispositivo que ha servido sólo para “llevar
a los maestros y las maestras al banquillo de los acusados”, como si el
fracaso educativo nacional hubiera sido causado sólo por los académicos; cuando
en realidad el llamado “fracaso” educativo mexicano tiene diferentes ámbitos de
responsabilidad.
¿Cómo perciben los docentes, asesores técnicos y directivos de la
escuela pública, las evaluaciones de ingreso, promoción y desempeño que se ha
aplicado la SEP desde 2014? ¿Qué tan satisfechos o no están los maestros y las
maestras, por ejemplo, de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD)
con las evaluaciones? ¿Cuáles son sus percepciones con respecto a los exámenes
que se les han aplicado y sobre las etapas de evaluación en los que han
participado?
En relación con lo anterior, el INEE recientemente dio a conocer el
documento: “Principales resultados de la encuesta de satisfacción a
docentes y técnicos docentes que ingresaron al Servicio Profesional Docente en
el ciclo escolar 2015-2016, al término de su primer año” (INEE, 2017),
en el cual se describen el diseño, la aplicación y los resultados de una
encuesta dirigida a los profesores y profesoras con respecto a sus percepciones
en torno, justamente, a los procesos de evaluación en que han participado. Por
eso pienso que éste es un ejercicio donde “los exámenes son puestos o llevados
a examen”.
El reporte se divide en tres partes: 1. Encuesta de satisfacción y
características de la evaluación diagnóstica; 2. Resultados de la encuesta; y
3. Comparativo entre 2015 y 2016: avances y retos. El informe del estudio
termina con una sección de conclusiones y recomendaciones.
Sugiero la lectura del estudio completo, sin embargo, vale la pena
destacar algunas de las conclusiones y recomendaciones que ofrece el reporte
citado (2): Para el INEE, “Los resultados muestran que la autoridad educativa
(AE) requiere mejorar la oportunidad con la que los sustentantes reciben la
notificación de la evaluación; por otro lado, si bien una gran parte se siente
satisfecha con el tiempo que contó para tener acceso a la bibliografía de
estudio, no muestra la misma opinión sobre la claridad y la orientación de las
guías publicadas por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
(CNSPD). Este aspecto es el que presenta un área de oportunidad para la CNSPD,
puesto que la guía debe tener coherencia con el examen de conocimientos.”
“Respecto a los instrumentos de evaluación, la AE y el INEE deberán
mejorar el examen, ya que la opinión de los docentes se concentra en el rubro
de “regular”, específicamente en la extensión, la contextualización y la
redacción de las preguntas y casos. El tema de mejora de los instrumentos de
evaluación es necesario tanto en EB como en EMS, puesto que la opinión de los
maestros es similar.”
Cabe preguntar ¿Qué piensan los maestros y las maestras acerca de la
evaluación educativa en general, y sobre la evaluación del desempeño, en
particular? ¿Qué opinión les merece el marco legal que aprobaron en su momento
los legisladores del PRI, PAN, PRD y PANAL para efectos de evaluación de
docentes y otras figuras educativas? ¿Qué cambios o permanencias pueden
advertir o proponer con respecto a ese marco legal vigente?
Por
Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de México, Unidad
Querétaro.
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